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El paro de transporte de carga pesada que tuvo uno de sus epicentros más críticos en los accesos a Nueva Palmira y la Ruta 12 fue levantado en las últimas horas, tras una medida de fuerza que paralizó el flujo logístico en el principal puerto de salida de la producción agroindustrial del litoral uruguayo.
La movilización fue convocada inicialmente por agrupaciones de transportistas autoconvocados y respaldada por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC). El motivo central fue el rechazo a la implementación de la Guía Electrónica de Carga (GEC), una herramienta digital de registro obligatorio impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Los transportistas argumentaron complicaciones operativas y administrativas con el nuevo sistema, y la consigna de la protesta fue “No a la guía”.
La postura del SUTCRA
En contraste con los sectores que impulsaron la medida, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) mantuvo una postura de total distancia. Su secretario general, Damián Fernández, enfatizó que la convocatoria no surgió de los trabajadores independientes ni de los choferes asalariados, sino de un sector empresarial.
“Fue un paro patronal, no de trabajadores”, señaló Fernández. Los trabajadores agremiados no fueron convocados ni adhirieron a la medida.
El sindicato se posicionó a favor de cualquier herramienta que aumente los controles del Estado. Desde su perspectiva, los sectores patronales que cortaron las rutas buscaban “impunidad en el registro de carga y en los pagos a los trabajadores”, perpetuando la precarización laboral.
Si bien el SUTCRA no rechaza la Guía Electrónica de Carga, Fernández aclaró que para el trabajador de a pie la herramienta es indiferente, ya que no resuelve las demandas históricas del sector (regulación de la jornada laboral, descansos adecuados, pago real de viáticos y salarios dignos). Además, recordó que el sistema está en fase piloto y su obligatoriedad total con multas recién se proyectaba para 2027, por lo que consideró desmedida la reacción patronal.
Impacto económico y logístico
Los bloqueos y la concentración de camiones en rutas —particularmente en el ByPass de la Ruta 12— generaron un colapso logístico inmediato. La paralización interrumpió la cadena de suministro agroexportadora, generó sobrecostos por buques demorados en el puerto y frenó el comercio exterior.
Plantas de acopio de granos y empresas de logística forestal y agroindustrial de la zona debieron suspender temporalmente la recepción de mercadería y reprogramar turnos operativos, asumiendo costos imprevistos de almacenamiento y gestión.
El impacto social: los trabajadores zafrales
Más allá de las pérdidas macroeconómicas, el impacto más severo recayó sobre los trabajadores informales, zafrales y jornaleros. Controladores de grano, estibadores, amarradores y personal de limpieza o servicios logísticos se vieron imposibilitados de trabajar durante las jornadas de paro.
Estos trabajadores se rigen por un esquema laboral de “si se trabaja, se cobra”. Al detenerse el ingreso y egreso de camiones, las empresas no convocaron al personal jornalero. Perder varios días de jornal en plena zafra significa una reducción drástica e irrecuperable de sus ingresos mensuales, afectando la compra de alimentos, pago de servicios y la subsistencia familiar en la comunidad local.
Situación actual
El levantamiento del paro trae alivio inmediato a las rutas y permite reactivar la operativa portuaria y de acopio. Sin embargo, el conflicto deja en evidencia las tensiones entre el Estado y los propietarios de transporte de carga en torno a la formalización y los controles digitales, así como la fragilidad social del sistema logístico, donde una medida de fuerza termina asfixiando económicamente a los trabajadores más vulnerables de la periferia portuaria.
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